Diputados mexicanos, a punto de salirse con la suya y privatizar el agua

A partir de la próxima sesión del Pleno de la Cámara de Diputados podría discutirse el dictamen que expide la Ley General de Aguas, que reglamentaría los artículos 4 y 27 constitucionales.



La Mesa Directiva publicó este jueves en la Gaceta Oficial este proyecto que fue aprobado en Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos.

De ser avalado este dictamen, primero por el pleno de San Lázaro y luego por el Senado de la República, operaría un sistema de concesiones para la distribución del agua que, aunque establece un 'mínimo' de un volumen de 50 litros por persona; en los hechos se estaría cobrando por ello, explicó el diputado Manuel Ladrón Huerta de Guevara. Ello conllevaría un considerable aumento en las tarifas y en los hechos los usuarios de agua pasarían a ser clientes, con lo que se podría restringir o suspender el acceso al agua.

Cabe recordar que en febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas y que ha sido aprovechado para promover la privatización del agua.

De igual forma, este dictamen contempla llevar el agua de una cuenca a otra, con la posibilidad de hacerlo por la fuerza y legaliza la polémica práctica del 'fracking' o fractura hidráulica, con el fin de explotar los yacimientos de gas natural, nuevamente con la posibilidad de expropiar por la fuerza.

La propuesta rechazada por los partidos de izquierda establece la participación de la Federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.

Asimismo, contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, mantiene los recursos hidráulicos como propiedad de la nación y trata el asunto como de seguridad nacional, lo que conlleva el uso del ejército y policía para efectuar cualquier obra o cambio que reciba resistencia..

Establece las competencias de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

De igual forma, manifiesta que los distintos niveles de gobierno deberán implementar proyectos para mejorar la distribución del agua, alcanzar la cobertura universal y asegurar la autosuficiencia y sostenibilidad del sector hídrico, mediante el autosostenimiento del sistema. Ello implica que las obras hidráulicas serán costeadas con los ingresos del cobro del servicio.

El dictamen comprende, además, políticas para la protección y conservación del medio ambiente y el mismo recurso, así como aspectos de educación, cultura, ciencia y tecnología del agua, y acciones tendentes a lograr la profesionalización y certificación en ese rubro.

Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles.

Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero.

Considera el derecho de acceso a la información en materia de recursos hidráulicos, su infraestructura y servicios relacionados, a través de la creación del Sistema Nacional de Información del Agua.

Asimismo, mantiene las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recurso.

Ello, al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisión, derechos y obligaciones de los concesionarios, y presenta la regulación del trasvase, definido como la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser usadas en una distinta, sin que mantengan una conexión natural.




Los legisladores del PRD y de la agrupación de diputados de Morena trataron de que no se diera publicidad al dictamen bajo el supuesto de que se violentó el procedimiento legislativo y de que se busca privatizar el servicio de agua potable.

Notimex