Tiran millones de pesos a la basura en volantes del 'Chapo'; al final los cancelan

El gobierno federal gastó decenas de millones de pesos en la elaboración y difusión de espots televisivos y radiofónicos, así como en trípticos, pósters e inserciones en diarios y revistas, como parte de la estrategia para que los ciudadanos denunciaran la ubicación de Joaquín El Chapo Guzmán Loera; sin embargo, la campaña fue suspendida por considerar que se estaba haciendo apología del líder del cártel de Sinaloa, informó La Jornada.





Como parte de las acciones puestas en marcha tras la fuga de Guzmán Loera el pasado 11 de julio, se imprimieron 100 mil folletos con fotografías del narcotraficante.

El material se elaboró por órdenes de la Secretaría de Gobernación (SG) y presuntamente fue pagado con recursos de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal; sin embargo, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad revelaron que otras instituciones también tuvieron que aportar dinero que estaba destinado a programas de comunicación social y difusión.

El programa de búsqueda de Guzmán Loera incluyó la realización y difusión de espots de radio y televisión que solamente se transmitieron tres días.





En tanto que los volantes –cuya distribución se suspendió al cuarto día– se entregaron en las carreteras y autopistas federales que confluyen en los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Campeche, Chiapas, Veracruz y la ciudad de México.

El folleto informaba a la ciudadanía del monto de la recompensa hasta de 60 millones de pesos a quien aportara información que llevara a la detención del líder del cártel de Sinaloa.

La SG indicó que "la distribución de estos folletos forma parte de una campaña de difusión que puso en marcha el gobierno de la República, a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación, para lograr la recaptura de esta persona".

Fuente: La Jornada